PRONUNCIAMIENTO
El desastre ecológico ocurrido el 15 de enero, responsabilidad de la empresa Repsol, es uno de los más graves de las últimas décadas en nuestro país.
El derrame de petróleo ha ocasionado daños irreparables en la flora y fauna marina y especies del litoral peruano, a la vez que ha dejado sin fuentes de trabajo y en una situación crítica a las poblaciones costeras que dependen de actividades como la pesca artesanal y el turismo.
Rechazamos la versión de la empresa privada responsable de la refinería La Pampilla que pretende eximirse de su responsabilidad aduciendo que el derrame fue ocasionado por oleajes anómalos; demandamos que se investigue y sancione con las máximas penas legales y administrativas a la empresa en mención, la misma que deberá hacerse cargo a plenitud de la reparación de los daños ambientales a la fauna y todos los ecosistemas afectados y de la reparación a los afectados en sus actividades económicas, como los pescadores artesanales.
Exigimos al gobierno a actuar con celeridad y la mayor energía para sancionar a la empresa REPSOL y revisar los contratos lesivos al país. Debemos recordar que en diversas regiones de nuestro territorio existe un historial de daños ecológicos debido a la explotación minera y derrames petroleros que han afectado sobre todo a los ecosistemas y las poblaciones andinas y pueblos originarios de la Amazonia.
Es hora de llevar a cabo un debate nacional acerca de la viabilidad de la matriz primario exportadora de la economía, sobre las debilidades de la institucionalidad ambiental y la capacidad de fiscalización del estado frente a las industrias extractivas. Planteamos revisar la política energética del país, y discutir las alternativas de la transición a las energías limpias.
Cuestiones como las señaladas deben ser parte del debate sobre la Nueva Constitución que debemos impulsar desde las bases, a contrapelo de las maniobras de la derecha por impedir que se manifieste la voluntad del pueblo para definir los destinos del país
Lima, 21 de enero de 2022
