Las declaraciones del Ministro de Educación Oscar Becerra referidas a la falta de vacantes en la educación pública para 60 mil estudiantes que migraron de la escuela privada a la pública son alarmante y un hecho sin precedentes. Cabe recordar que esto ocurrió durante la pandemia por despido laboral de sus padres o madres de familia, y así quedarían virtualmente al margen del sistema educativo peruano.
Las brechas de infraestructura que equivale 138 millones de soles, al igual que el déficit en equipamiento y conectividad. Esto confirma que la educación peruana procesa una crisis estructural, histórica e integral, tal como establece la II Conferencia educacional de nuestro Partido.
El caos administrativo y la incapacidad de la gestión pública en educación evidencian que el Ministro del sector no puede resolver un tema elemental como es el bono de los 950 soles para los profesores anunciados en el mensaje presidencial de julio de 2022 y refrendados en la negociación colectiva entre el SUTEP y el Ministerio de educación. Mientras que en las regiones del país se han hecho efectivo en febrero pasado, en marzo no se resuelve para el tercio de la población magisterial que labora en Lima, a ello se suma reclamaciones de larga data como el pago de la deuda social por preparación de clases y evaluación sin judicializar, la compensación por tiempo de servicios conforme a Ley.
La improvisación y la mirada cortoplacista de la educación pese a la existencia del proyecto educativo nacional al 2036, demuestra que no existe sostenibilidad ni voluntad política para su implementación. Es así que las partidas presupuestales para muchos rubros sufren recortes con respecto al año 2022. Tal es el caso del mantenimiento de las instituciones educativas, montos con los cuales quedará pendiente múltiples necesidades. Lo que nos hace inferir la importancia estratégica del cumplimiento del presupuesto del 6% para educación. A pesar de ser un derecho constitucional en los marcos del neoliberalismo en el terreno de la educación, pasa a un segundo orden, lo que implica abandonar la educación pública, seguir mercantilizando la educación vía la privatización. Se trata de otra contradicción que se da entre la educación pública a cargo del Estado y la educación privada.
El Estado peruano ha abdicado de sus atribuciones. Por ello, es un imperativo la consecución de una Nueva Constitución Política, donde el rol rector y regulador del Estado sea una realidad, poner límites a la proliferación de instituciones privadas de dudosa calidad en todo los niveles y modalidades del sistema educativo, no más exoneraciones tributarias a Universidades e instituciones educativas de la Educación Básica Regular que lucran con la educación.
No hay continuidad en la gestión pública educacional, incluido el Ministerio de educación. Retornan funcionarios de viejo cuño, cuestionados en su momento por corrupción, incapacidad y clientelaje político, que se complementan a la herencia de la mediocridad de la gestión del ex Ministro Rosendo Serna.
Los maestros contratados son víctimas de maltrato, postergación y manipulación. Con diversas maniobras se prolonga este infame régimen laboral incluso para los maestros que ganaron concurso público para nombramientos, expresión de la “flexiblización laboral” que no es sino la precarización laboral para hacer caja fiscal.
En pleno siglo XXI siguen los Programas No Escolarizados de Educación Inicial, cuando más bien debería contemplarse su conversión en Instituciones educativas de educación inicial que forme parte del sistema educativo peruano.
La alimentación escolar para estudiantes de la Jornada Escolar Completa y Jornada Escolar Regular están irresueltas. Su permanencia prolongada en instituciones educativas sin refuerzo de la alimentación, no contribuye a un proceso de aprendizaje adecuado, al igual que no incluir el concurso de otros profesionales para el bienestar y soporte emocional.
En instituciones educativas donde funcionan dos o más turnos, ampliar la jornada escolar en educación secundaria de 35 a 40 horas semanales para estudiantes de educación secundaria, generan complicaciones para la organización escolar, en la atención de los padres de familia a sus hijos y riesgos de inseguridad ciudadana.
Con relación a los directivos se ha emitido muchas normas sin respetar los derechos adquiridos y la tan promocionada meritocracia, lo que ha generado incertidumbre y crisis.
Se aprecia que las posturas autoritarias vuelven al Ministerio de Educación. Muestra de ello es la desactivación del Consejo Nacional de Educación de orientación autónoma y plural, para conformar otro como apéndice del Ministerio de Educación.
El área de investigación educativa para los profesores no se implementa desde el año 2012, de conformidad a lo establecido en el reglamento de la Ley de reforma magisterial. En un país donde predomina la economía depredadora, extractivista, primario-exportadora para las autoridades de turno no es una prioridad la investigación científica y la creación de tecnología propia.
La carga de estudiantes por docente es muy alta, en muchos casos bordea a 40 estudiantes, siendo totalmente antipedagógico. Se propone que un docente debe atender en educación inicial a 20 estudiantes como máximo, en educación primaria 25 estudiantes como máximo y educación secundaria 30 estudiantes como máximo.
La condición para desarrollar medidas de lucha como la huelga o paralizaciones es la intransigencia y la no solución de la problemática magisterial y educativa por parte del gobierno y el Ministerio de educación. Estas medidas no pueden ser descartadas por las organizaciones gremiales si se consideran parte del movimiento popular con orientación clasista. Cualquier medida de lucha pasa por el inicio y desarrollo del año escolar, la consulta democrática en el interior del magisterio. Posturas aventureras, divisionistas y violentistas en el magisterio tienen que ser combatidas como siempre por los maestros clasistas. Luchar con unidad, organización, razón, ventaja y sin sobrepasarse.
Condenamos las expresiones violentistas y discriminatorias por parte del ministro de educación, al atentar contra la dignidad de las mujeres aimaras en lucha, a quienes les ha señalado que serían peor que animales por participar en movilizaciones con sus hijos.
Con el ejemplo de José Carlos Mariátegui, Horacio Zeballos Gámez, los pedagogos peruanos y mártires del magisterio peruano, fortalezcamos la educación pública, gratuita de calidad para todos; apostemos por una reforma educativa democrática, científica e innovadora de nuevo curso y horizonte socialista; contribuyamos a la consecución de una Nueva Constitución para refundar el Perú.
¡LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO Y NO UNA MERCANCÍA!
¡NUEVA CONSTITUCIÓN PARA REFUNDAR EL PERÚ!
Lima, 7 de marzo de 2023.
