Pronunciamiento
El reciente problema suscitado a raíz de la peligrosa pretensión de concesionar los boletos para el acceso a la ciudadela de Machu Picchu expresa, por un lado, la voluntad privatizadora de los espacios públicos por parte del neoliberalismo; por otro, la existencia de mafias que se dedican a la reventa, perjudicando a los usuarios que se ven obligados a pagar sobreprecios por dicho servicio. Es sabido que la economía informal crece junto a la economía delictiva en el contexto del manejo económico neoliberal y los antivalores que impone el capitalismo salvaje
Bajo la idea de la “ineficiencia” de todo estatal, el gobierno neoliberal de Dina Boluarte, así como otros niveles del Estado, pasando por gobiernos regionales y municipios, se encuentran en una ofensiva contra los espacios públicos. Bajo el pretexto de ofrecer nuevos servicios o mejorar el acceso a estos, se dedican a cerrar el acceso de los espacios, como parques, áreas públicas, juegos recreacionales, ciclovías, playas, sitios arqueológicos, entre otras, están tras la búsqueda de concesiones a empresas privadas que brindan servicios, pero que en el fondo lo que hacen es restringir los espacios comunes para aquellos que puedan pagarlo.
Para los neoliberales, todo es materia de ser privatizado, y todo servicio debe pagarse. Son enemigos de conquistas históricas que se han dado a nivel mundial en los que el urbanismo se ha puesto al servicio de los ciudadanos, logrando que los espacios públicos sean espacios libres y gratuitos para que cualquier persona, independientemente de su condición social, económica, o cualquier otra, pueda acceder a estos con fines de recreación y ocio.
En nuestro país, hemos carecido de esta cultura, sobre todo porque las clases dominantes nunca han fomentado esta política, y más bien han siempre implementado la idea de los parques enrejados, de espacios exclusivos. Por eso nos hemos acostumbrado a que los gobiernos centrales y regionales cada vez más eleven los costos de acceso a parques zonales, los quieran cambiar a “clubes” y empiecen a concesionar los accesos a los juegos para niños y playas.
Lo que ocurre en Machu Picchu no es un hecho aislado. La reciente lucha de los pescadores de Chorrillos, se suma a una serie de denuncias de ciudadanos en distritos de Lima manejados por la ultraderecha, que se dedica a criminalizar a cualquier ciudadano que se une a otras personas para hacer uso de los espacios para hacer talleres, correr tabla, practicar danzas, entre otras.
El Estado tiene el deber de cuidar los espacios públicos, fomentarlos, expandirlos y fomentar una cultura del cuidado y el uso de estos espacios. A los ciudadanos también nos corresponde hacer buen eso de estos, en el entendido que los espacios públicos son de todos, y todos tenemos derecho a usarlos y compartirlos.
Alertamos de esta ofensiva privatizadora de las clases dominantes y las empresas. Denunciamos y llamamos a combatir estas prácticas que se han normalizado, y que alientan los acuerdos con autoridades complacientes y oportunistas que buscan obtener beneficios irregulares con algunas empresas, a costa de las obras y espacios a los que tenemos derecho todos los ciudadanos.
¡Por la defensa y expansión de los espacios públicos para todos!
¡No a la privatización de sitios arqueológicos, playas y parques!
Lima, 30 de enero de 2024
