En estos días se ha iniciado las audiencias en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en el que se está llevando el proceso judicial contra el expresidente Pedro Castillo Terrones.
Más allá de las discrepancias con el gobierno de Pedro Castillo, sus errores, y la forma cómo intentó adelantarse a los planes golpistas de la derecha, asuntos sobre los cuales nuestro Partido se pronunció oportunamente, está el hecho que los sectores ultrarreaccionarios parapetados en el Congreso, con el soporte de los grandes empresarios y el poder mediático, trabajaron, desde un inicio, para vacar al presidente. La ultraderecha, sacando provecho del paso en falso de Pedro Castillo, consumó la vacancia el 7 de diciembre de 2022, y contó con la traición de Dina Boluarte, consiguiendo, de este modo, el objetivo de burlar la voluntad popular expresada en las urnas.
Tras el fallido intento de disolver el Congreso, Pedro Castillo y su familia fueron puestos bajo arresto y fue acusado de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, en agravio del Estado y la sociedad, con una petición de condena de 34 años de prisión.
Lo grave es que el expresidente no cuenta con garantía alguna de un juicio justo, imparcial, apegado a las normas del derecho. Es evidente que en el Perú la justicia está politizada, manoseada y manipulada por el fujimorismo y su comparsa desde el Congreso, y por los poderes fácticos que operan en diversos niveles. Así, mientras a los delincuentes fujimoristas y sus cómplices se los excluye de los casos, se archivan las acusaciones, se alargan los procesos, llegando al extremo de restaurar la firma del golpista y genocida Alberto Fujimori en la Constitución; a Pedro Castillo se le aplica todo el rigor, violando sus derechos ciudadanos, incluso adelantando opinión por quienes están encargados de juzgarlo. A todas luces de trata de un escarmiento público contra un líder político que en su momento canalizó esa legítima voluntad de cambio a que siguen aspirando las mayorías populares en nuestro país.
La manipulación de la justicia no se detiene ahí. Son numerosos los casos de dirigentes políticos opositores que corren la misma suerte; líderes sociales perseguidos, reprimidos, incluso asesinados, por el régimen dictatorial y mafioso que opera con alevosía e impunidad.
¡Basta de manipulación de la justicia para condenar a opositores y garantizar impunidad a los verdaderos criminales y golpistas amparados por el régimen mafioso! Demandamos garantías y juicio justo a Pedro Castillo, quien debería llevar su proceso en libertad, bajo la supervisión de organismos internacionales de derechos humanos.
Lima, 10 de marzo de 2025
Buró Político del Comité Central
