Por: Dr. Rolando Reátegui Lozano
El reciente derrame de petróleo en el sector de Ventanilla, sin duda, es el más grande ecocidio en los últimos años. La refinería La Pampilla viene operando desde 1967, en esa época era parte de Petroperú, cuya finalidad era refinar el petróleo para abastecer principalmente a la ciudad de Lima. Posteriormente, como continuación de la política de privatización en nuestro país, en el año 1996 pasó a manos del grupo español REPSOL.
En relación a la ecología de la zona en mención, está la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, la cual se estableció en diciembre de 2009 como la primera red de áreas naturales protegidas en América del Sur. Esta reserva está formada por 22 islas y 11 puntas que albergan aves guaneras en toda la costa del Perú con una superficie de 140 833 hectáreas de islas, costa y océano; también la zona reservada de Ancón y otros ecosistemas marino-costero que conforman áreas de conservación y mantenimiento de la diversidad biológica y paisajística de la Corriente Peruana que se genera en toda la zona marino costera, además pertenece a la provincia biogeográfica del Pacífico Sur Oriental Templado y al ecosistema del gran desierto de la costa peruana.
Todo derrame de petróleo en el mar tiene como mínimo tres impactos ecológicos. El primero es directo sobre las aves marinas (piqueros, pelicanos, guanay y otros) y mamíferos acuáticos (delfines, lobos marinos y nutrias) que necesitan respirar aire atmosférico, así como peces de superficie (pejerreyes, chita, cabrilla, pintadilla y lisas) y, sobre todo, el plancton (fitoplancton y zooplancton). Un segundo impacto se da en las playas, tanto de arena como de rocas. En esta zona intermareal vive una enorme cantidad de organismos como lapas, machas, muymuyes, mejillones, cangrejos carreteros y otros, también, las estrellas de mar, erizos, anémonas, choros y la gran diversidad de caracoles y cangrejos que están en las orillas rocosas y mueren al ser alcanzadas por el petróleo. En las rocas también están las guaridas de las aves y las nutrias marinas. Y el tercer impacto ocurre en el fondo del mar donde están las especies bentónicas de importancia ambiental, económica y comercial. Por eso decimos que es un “ecocidio”.
Los efectos de este derrame de petróleo en lo social-económico, también es de mucha preocupación. Se trata de una zona turística y de pesca. Por lo tanto, la economía gira en torno a estas dos actividades, principalmente. Las zonas de playa serán cerradas por un buen tiempo y por supuesto, que la actividad de pesca artesanal de igual manera. Más de 500 pescadores artesanales integran la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (Apescaa), sin contar a los pescadores del Callao, Chancay, Huacho y Barranca; ni tampoco a todo el sector turismo integrado por artesanos, comerciantes de pesca y afines, transportistas acuáticos, restaurantes, etc. En concreto, miles de familias han perdido su trabajo de la noche a la mañana. Esta tragedia contrasta con los principios de Responsabilidad Social de la empresa Repsol, según la cual “la empresa está estrechamente ligada con valores como la innovación, la transparencia, la flexibilidad, la integridad, la responsabilidad con el entorno y el compromiso medioambiental”. Lamentablemente la realidad nos dice que ese manifiesto es letra muerta.
Hoy, el proceso de privatización impuesto por Fujimori es, a todas luces, un fracaso, los contratos entreguistas están bajo siete llaves (no se encuentran en las páginas de transparencia). No es de “adivinos” sospechar que hubo corrupción en ellos, es decir, todo estuvo amañado. Estos entreguistas de nuestros recursos naturales no escatiman el pago de coimas y financiamiento a partidos políticos para evitar leyes que limiten sus apetitos voraces de explotación (en una de sus declaraciones al fiscal Domingo Pérez, el ex superintendente de Odebrecht, Jorge Barata, señaló a REPSOL como una de las empresas que había financiado la campaña electoral de Fujimori).
Por ello, la empresa REPSOL no ha tenido la capacidad de respuesta apenas ocurrido el evento; sus voceros indicaron que no son culpables de este derrame de petróleo, para ellos el “culpable” es el volcán Tonga. REPSOL, en su afán por minimizar su responsabilidad en el desastre, mintió en su información inicial afirmando que este hecho «accidental» fue un “derrame limitado” de 7 galones de crudo, cuando en realidad fueron más de 6,000 barriles. Por su parte, la gran prensa nacional (principalmente el grupo El Comercio), en su plan de desinformar para proteger a la empresa privada y evitar sanciones, minimizaron la noticia, ocultando la magnitud del siniestro.
Por otro lado, el Ministerio del Ambiente, tuvo una reacción “paquidérmica”, al dejarse llevar por las mentiras de los voceros de REPSOL. Por esta acción tardía los efectos del derrame de petróleo son de gran impacto. Esta es la consecuencia de designar a un ministro del Ambiente limitado en temas ambientales y, además, negligente al no haber designado al director de la OEFA. Estos dos últimos funcionarios ya deberían haber puesto su renuncia y afrontar procesos en las vías civil y penal.
Nuestra Marina de Guerra también tiene su parte de responsabilidad en este hecho. Mientras que Chile y Ecuador alertaban de un posible Tsunami por la explosión del Volcán Tonga, nuestra marina sólo indicaba la presencia de oleajes anómalos. Pues ya sabemos lo que sucedió, dos personas muertas en el norte, inundaciones en el malecón de la playa del Chaco (Paracas) causando daños en decenas de restaurantes y negocios; así como en las playas Lagunillas, San Andrés y La Cruz y otras caletas.
A todas luces es un escándalo que ha provocado el pronunciamiento de diferentes instituciones académico-científicos nacionales e internacionales y esperamos que no sea un tema mediático y pase al olvido.
Es propicia la ocasión para mencionar que este no es el único derrame de petróleo ocurrido en nuestro país. En nuestra amazonia se han producido otros eventos, que posiblemente hayan tenido igual o mayor impacto en la biodiversidad y en las comunidades amazónicas. El oleoducto Norperuano que se extiende a lo largo de 1,106 kilómetros de tuberías que atraviesan la selva y los andes, fue diseñado para durar entre 20 y 30 años y entró en funcionamiento en 1977. Actualmente tiene más de 44 años, está viejo y desgastado, siendo una coladera infernal. Los lugares por donde pasa son casi inaccesibles y las tareas de monitoreo y reparación no son una prioridad. Solo en los últimos 20 años se han producido más de 500 derrames de petróleo. Lo más grave es que las empresas que han contaminado se declaran en quiebra, no remedian nada y se van del país dejando en la orfandad a más de 190 comunidades indígenas por la destrucción de todo el ecosistema.
El cultivo de coca, las malas prácticas agrícolas, la tala indiscriminada y la minería ilegal son otras actividades que en forma constante y permanente destruyen los ecosistemas en nuestra amazonia, donde los ecosistemas son frágiles, por lo que es urgente que se comience a debatir, de una vez por todas, la Ley del Ordenamiento del Territorio.
Asimismo, el Ministerio del Ambiente debe actuar y articular de forma inmediata con las instituciones técnico-científicas para realizar acciones correctivas de contingencia y mitigación y, por supuesto, las evaluaciones biológico-ambientales, así como la valoración ecológica, económica y social de la zona de impacto para la compensación ambiental. Dichas reservas naturales ya están afectadas en toda la cadena trófica. Indudablemente el fitoplancton, zooplancton, el necton, las aves y mamíferos de diferentes especies se van a ver disminuidas o desaparecidas. De acuerdo, a las investigaciones y experiencias, estos ecosistemas tardarían 20 años en recuperarse si las actuaciones son inmediatas, de lo contrario podrían tardar siglos.
Por lo tanto, exigimos que las labores de limpieza y remediación se lleven a cabo en los tiempos más cortos posibles y por personal especializado. Todo el proceso debe ser supervisado por las autoridades competentes, informando en forma oportuna y transparente sobre las acciones implementadas. Por último, reclamemos todos para que se identifiquen a los responsables de este ecocidio sin precedentes en el mar de Grau y se apliquen las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan. Como país debemos impulsar la convocatoria a una instancia supranacional de investigación y sanción penal internacional contra este crimen ecológico y medioambiental.
Es necesario cambiar la matriz energética, es decir, dejar la energía de origen fósil[1] por la de energías renovables (energía solar, geotérmica, mareomotriz, biomasa, hidráulica, eólica). Nuestro país es un potencial de energías renovables. A diferencia de las fuentes de energía convencionales, las fuentes de energía renovables son aquellas que encontramos en la naturaleza en cantidad ilimitada, que pueden regenerarse de manera natural o artificial y cuyo impacto en el medio ambiente es prácticamente nulo o reversible. Debido a estas ventajas, la producción de este tipo de energía ha sido respaldada por la comunidad internacional a través de la firma del Acuerdo de París suscrito durante la Cumbre Mundial del Clima que se llevó a cabo en el 2015 en la capital de Francia.
Debemos de generar un gran debate nacional en todos los sectores para el cambio de nuestra matriz energética. Mientras que, en otros países, desde el estado, impulsan la investigación y tecnología en energías alternativas, aquí todavía estamos dependiendo de la energía de origen fósil. Por eso, es necesario rescatar la soberanía de nuestros recursos naturales. Este debe ser uno de los motivos para la gran unidad para un gran cambio. Los golpistas y los que siempre nos han gobernado nada tienen que ofrecer. Continuismo o cambio democrático.
[1] Según el Balance Nacional de Energía 2018 realizado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el 73.6 % de la producción interna de energía primaria deriva de yacimientos fósiles y minerales (gas natural, petróleo y carbón mineral). Sin embargo, este tipo de energía es la que más contaminación genera. El mismo reporte asegura que en el 2018 se generaron 16 mil millones de kilogramos de dióxido de carbono (CO2), elemento altamente contaminante
