REMUNERACIONES DOCENTES JUSTAS
PARA UNA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
DE CALIDAD
Recientemente se aprobaron dos dictámenes en el Congreso, el primero, en la Comisión de Presupuesto, que propone la creación de la Remuneración Íntegra Mensual Superior Universitaria (RIMSU), que forma parte de un modelo técnico de remuneraciones que viene desarrollando el Estado; y otro, en la Comisión de Educación, ratificando la exigencia de cumplir con la homologación de los sueldos de los docentes universitarios con los haberes de los magistrados del Poder Judicial, tal como lo establecieron las dos últimas leyes universitarias, desde 1983.
El tema de las remuneraciones de los docentes universitarios, sin embargo, no puede abordarse unilateralmente, con un criterio exclusivamente economicista, perdiendo de vista el conjunto de una problemática crítica y compleja por la que atraviesa la universidad pública en nuestro país; expresión de más de tres décadas de hegemonía del proyecto neoliberal autoritario en el Perú, como parte del proceso de globalización capitalista, imperialista, que encabeza la superpotencia estadounidense.
En la propuesta neoliberal la educación universitaria debe basarse en el predominio de la universidad privada y el mercado, por ello dictó los dispositivos legales para la creación y desarrollo de universidades privadas con fines de lucro, por un lado; mientras, por otro lado, buscó la privatización de la universidad pública, tratando de asfixiarla económicamente y presionándola para que se autosostenga mediante
los recursos directamente recaudados; esto dio por resultado una universidad fragmentada, de individualismo extremo, con gobiernos institucionales autoritarios, nepotistas, patrimonialistas. Por cierto, el neoliberalismo entendió perfectamente el papel crucial de la universidad en la lucha de ideas y como aparato ideológico de dominación, por lo tanto, se preocupó porque sus ideas fuesen las predominantes y se desterrase de la universidad el pensamiento crítico, dando paso a una institución
de corte tecnocrático y reorientada en función exclusiva del mercado.
Por ello, una propuesta a la crisis de la universidad tiene que ser integral, mediante una Reforma Universitaria estructural, que haga de la institución universitaria un resorte fundamental para un auténtico Proyecto Nacional de Desarrollo, indispensable para la propuesta de una nueva República. Alternativa en la cual la docencia universitaria —así como los estudiantes y graduados— tiene un rol principal en la formación de una nueva institucionalidad y de nuevos profesionales, así como en la investigación y
el desarrollo de nuevos conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, con una enseñanza de calidad, con valores y ética, retomando las mejores tradiciones de la universidad y del movimiento universitario. Esto exige recuperar a la universidad como el centro de debate más importante del país y a la política en su mejor expresión.
Para que la docencia pueda cumplir este papel requiere de remuneraciones justas (así como de pensiones dignas para los cesantes), que le permita desempeñar su labor en mejores condiciones de calidad material, profesional y académica. La iniciativa de la RIMSU, siendo de orden técnico-administrativo y legal, no debe confrontar ni negar la homologación docente, como pretende el MEF, sino enmarcarse en el sentido de que esta reivindicación histórica y estratégica de la docencia universitaria —la omologación con los ingresos totales de los magistrados del Poder Judicial— tiene que estar incluida en la estructura de los haberes docentes, bajo el nombre que sea, pues lo que importa es el contenido de la reivindicación y no su forma.
Alcanzar esta conquista exige lucha y también unidad, por lo tanto, la reunificación de los gremios docentes universitarios (hoy divididos) se vuelve perentoria, así como la necesidad de superar la visión economicista y la despolitización hoy predominante en la docencia universitaria.
Lima, 27 de agosto de 2025
Buró Político del Comité Central
Alberto Moreno Rojas
Presidente
Manuel Guerra Velásquez
Secretario General
