Por: Luis Gárate

En estos días difíciles donde reina la angustia y la incertidumbre ante los efectos desbastadores a nivel mundial de la pandemia del COVID-19, y a pesar que el virus ha puesto a buena parte de la población mundial en cuarentena, no faltan las expresiones de de la lucha de clases, que se expresa entre varias formas en la disputa de ideas.

En este contexto es que se debate cómo los estados nacionales van a afrontar los efectos devastadores de esta pandemia no solo a nivel sanitario, sino también en la actividad económica, y por lo tanto el empleo y la sociedad. Los voceros de las clases dominantes y los grupos de poder hegemónico en el mundo buscan mantener a toda costa sus privilegios a pesar de la gravedad de la situación. Esto lo estamos viendo expresado en dramáticos casos como la actitud adoptada por el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, quien subestimó la pandemia señalando que no debían afectarse las actividades económicas. Su tardía respuesta a la crisis ha traído que EEUU supere ya la cifra de los 70 mil muertos y más de un millón y medio de contagiados.

En nuestro país los sectores más rancios de las clases dominantes también se están expresando. Si bien el gobierno de Martín Vizcarra claramente está haciendo denodados esfuerzos por combatir la pandemia, las cifras de los efectos son cada vez más preocupantes. Y esto ocurre, entre otras cosas, porque Vizcarra a pesar de algunas cualidades, no pretende salirse del modelo económico neoliberal y el calamitoso estado de cosas que heredamos en el sector público abandonado por décadas en medio de la corrupción y la ineficiencia.

Es por eso que la pandemia, a pesar de la cuarentena, toque de queda y otras medidas complementarias está desnudando la terrible situación de nuestra salud pública, una de las más precarias de la región y del mundo. Esto se aprecia en el escaso número de camas UCI, de respiradores artificiales y de otros elementos mínimos para la atención de pacientes, tratamiento de cadáveres y protección del personal de salud.

El impuesto a la riqueza y las AFPs

En ese sentido y a la par de lo que está ocurriendo en diversos países del mundo, (sin ir muy lejos en Argentina) casi todos coinciden en que los Estados asuman un rol protagónico en la economía. Ese rol pasa por entrar a participar con un apoyo decisivo para proteger el empleo, apoyando a las empresas sobre todo a las medianas y pequeñas, así como a través nuevos esquemas fiscales que permitan recuperar gradualmente la economías nacionales.

Precisamente es cuando el gobierno peruano ha deslizado la idea de un posible impuesto a la riqueza es que las clases dominantes han puesto el grito en el cielo. Con la taimada idea de un “impuesto solidario” el gobierno está buscando medir el terreno para introducir un impuesto a las grandes fortunas, antelas reacciones luego dijeron que sería a los salarios por encima de 10 mil soles. Lo real es que el gobierno claramente está buscando formas de obtener más recursos y han hablado que esperan recaudar unos 300 millones de soles.

El otro tema picante que ha dolido a las grupos de poder es que la reciente aprobación, con anuencia del Ejecutivo, de retirar hasta un 25 % de los ahorros de las administradoras de fondos de pensiones conocidas como AFPs. Todos sabemos de sus lucrativos mecanismos por los cuales dejan con pensiones menguadas a los adultos mayores, pero nuevamente las clases dominantes y sus voceros dicen que esto solo traería retraso y afectaría la recuperación económica.

Lenguaje en clave de guerra

No han tardado en reaccionar. Sobre todo desde sus páginas y portales, como son el grupo El Comercio, sus canales y medios cercanos y otros espacios de las clases dominantes del país. De la mano de los principales voceros de los gremios empresariales, de las ONGs financiadas por ellos como el Instituto Peruano de Economía, de sus economistas y especialistas amigos, todos como un coro para decir que esa medida es “populista” y solo retrasaría más al país  del exitoso modelo que nos ha dado estabilidad y crecimiento en las últimas décadas.

Pero veamos qué tipo de lenguaje usan estos voceros. Y es que ellos hablan de una “guerra”, como si los izquierdistas les hubiéramos declarado la guerra a los ricos y a los que se “han ganado el dinero por su gran esfuerzo e iniciativa”.

Por ejemplo el columnista de El Comercio Andrés Calderón decía hace poco en uno de sus columnas que se que se ha abierto una guerra ideológica. Dijo que “sin embargo, en los últimos tiempos abundan más los enemigos de la riqueza. Combatir la pobreza entra en un segundo renglón en su misión primordial de desaparecer a los ricos, los derechos de propiedad y la empresa privada.”

Por su parte el periodista del diario decano Mario Ghibellini dijo en su artóciñp “La hoz y el martillazo” sobre la idea del impuesto a la riqueza lo siguiente: “¡Impuesto a la riqueza! ¡Control de precios contra la especulación! ¡Regulación de las pensiones en la educación privada! ¡Topes a las tasas de interés bancarias y a los alquileres que cobran los rentistas! ¡Abajo la suspensión perfecta de labores! Esos y otros semejantes son sus gritos de guerra. Gritos de guerra que, como todos, están provocados por alguna furia ancestral, y no por un razonamiento lógico.”

Ambos columnistas hablen de una “guerra”. Es la manera que ellos entienden el cuestionamiento a la acumulación de capital y la necesidad de mecanismos redistributivos en momentos de una crisis mundial como la que ha traído la pandemia del COVID-19. Son ellos los que hablan en ese lenguaje, demostrando que las propias clases dominantes son las que sacan las garras cuando se ve cuestionado su imaginario y sus privilegios.

Parten de la premisa que los que cuestionan la acumulación de riqueza creemos que tener dinero es “pecaminoso”, que nadie debe tener más que otros. Parten de premisas muy equivocadas, pues ellos más bien asumen que todos los que tienen fortunas abundantes lo han hecho “con el sudor de su frente”, cuando es harto conocido aquí y en otras partes del mundo, que muchas fortunas no se deben al trabajo esforzado de años de esos millonarios, que claro que los hay, sino también existe la herencias así como mecanismos corruptos como se vio demostrado con el caso Lava Jato, el “Club de la construcción” y tantos otros casos que usan algunas grandes empresas para garantizar su maximización de ganancias y el control de determinados rubros de la economía. Ni olvidar que existen otras tantas fortunas que se han levantado a partir del lavado de dinero de actividades ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de tierras, la tala ilegal entre otras.

Entonces tras constatar que son las clases dominantes las que ponen su lenguaje en clave de guerra, nos queda claro que ellos ponen el escenario de la lucha de clases. La burguesía, las clases dominantes en el país no quieren ningún impuesto ni nada que pueda afectar e algo sus fortunas acumuladas, sus propiedades o privilegios porque para ellos todos estos son consustanciales a un desarrollo armónico del país, donde el enriquecimiento de unos se va a reflejar eventualmente en el bienestar de las mayorías. Para ellos el Estado debe seguir gastando para hacer obra pública y dejar que el mercado vea como atiende las necesidades de la gente.

Desde los sectores políticos que luchamos por los derechos de los trabajadores, de los autoempleados, de los campesinos, los pequeños empresarios, hay que salir a decirles con claridad a estos señores, que el famoso impuesto a las fortunas incluso se está debatiendo en EEUU y países de Europa. Un impuesto para distribuir de manera más justa la riqueza en tiempos de crisis y en un país tan desigual como el nuestro no es la ventana al socialismo o al comunismo como quieren presentar las clases dominantes. Es tan solo un mecanismo en una economía capitalista para amenguar una situación en las que millones de personas están quedando sin empleo, por lo tanto sin ingresos fijos para sostener sus hogares y alimentarse.