Comunicado

La cuarentena y la inmovilidad social son una necesidad y no puede ser excusa para promover la impunidad frente a actos de violencia desproporcional por parte de la fuerzas del orden.

El día de hoy ha sido promulgada y publicada la mal llamada “Ley de Protección Policial”, Ley 31012, por el Congreso de la República, la misma que fue promovida y aprobada por el fujiaprismo, antes de la disolución del Congreso. Su antecedente es el PL N° 04351-2018-CR, del 15 de mayo de 2019, presentado el aprismo y apoyado por el fujimorismo. Tuvo un dictamen favorable aprobado por la Comisión de defensa presidida por el también aprista Jorge del Castillo y la Junta de Portavoces de mayoría fujimorista la exoneró del dictamen de la Comisión de Justicia (donde tuvo que haber sido desaprobada) y de la segunda votación reglamentaria, es decir , la aprobó la Comisión Permanente sin pasar por el pleno. ¿Qué tipo de legitimidad puede tener una ley así?

En esta norma no hay nada que se le parezca a una protección legal a los miembros de las fuerzas policiales. Al señalar que el policía que mata a una o varias personas está exenta de responsabilidad, lo que encontramos es impunidad y uso abusivo de la fuerza letal en perjuicio de la población y los derechos humanos. La impunidad del uso desproporcional de la fuerza se perfecciona al decir que “el principio de razonabilidad de medios será interpretado a favor del personal policial interviniente”. Así, esta ley determina que las fuerzas policiales califican si hubo razonabilidad de medios empleados. Además, no habría prisión preventiva para juzgarlos. Lo que supone riesgo de fuga o de alteración del proceso pruebas. Impunidad pura y dura.

De sus 6 artículos y una disposición complementaria derogatoria, no encontramos un sólo señalamiento de que esta “protección policial” será cuando la fuerza pública intervenga a los corruptos, a la delincuencia, el crimen organizado o en defensa de la seguridad ciudadana.

No olvidemos que el promotor y presidente de la Comisión de defensa del Congreso disuelto fue archidefensor y asesor de empresas mineras, de ahí esa omisión. Porque la intención original de esta ley fue combatir la protesta social y a las organizaciones sociales y partidos que reclaman justicia y derechos. En particular, para proteger a las empresas mineras y petroleras de las crecientes protestas contra la contaminación y el abuso.

No podemos permitir que se utilice esta crisis para promover la impunidad y el uso excesivo de la violencia por parte de las fuerzas del orden. Ningún estado de emergencia puede estar por encima de la vida de la gente.

Lima, 28 de marzo del 2020

Buró Político del Comité Central