NEOLIBERALISMO Y CORRUPCIÓN MUNICIPAL

Por: Luis Gárate

En las últimas semanas hemos visto desfilar por las noticias policiales a tres alcaldes distritales de distintos distritos de Lima y el Callao, que fueron arrestados por serias acusaciones de corrupción y por integrar mafias organizadas, es decir, que llegaron a la función pública para enriquecerse como ya parece ser costumbre en el Perú.

Los casos de los alcaldes de Villa María del Triunfo, Santa Rosa, San Bartolo, por mencionar a algunos de los más sonados, solo son una pequeña muestra de que en el país impera desde hace algún tiempo el “roba pero hace obras” y el sentido común de que todo político busca llegar al Estado para enriquecerse con el dinero público.

La corrupción en nuestro país no es novedad, eso lo sabemos todos. Sin embargo ha adquirido nuevas formas con la implantación del neoliberalismo en los años 90. Pero la corrupción en el Perú y el mundo es un fenómeno transversal, que ha estado presente en los gobiernos de diversas tendencias y a otros modelos de desarrollo. Sin embargo la corrupción en tiempos neoliberales tiene sus particularidades, debido a que adquiere formas legales que están bajo el amparo de los paradigmas del “libre mercado” y la sacrosanta “iniciativa privada”. Hay que analizar los patrones que esta sigue para desentrañar sus causas y discutir salidas. Resaltaremos algunos de los temas que son los más recurrentes en los casos de corrupción de nivel de gobiernos regionales y locales:

Licitación de obras públicas. Es sabido que pesar de que se han aprobado leyes más estrictas para los procesos de licitación, estos siguen siendo amañados y dirigidos para que ganen los amigos o “auspiciadores” de las campañas de los alcaldes y gobernadores regionales. Las otras formas amparadas por la ley que existen son las llamadas alianzas “público-privadas”, a través de las cuales las empresas presentan iniciativas de obras públicas, que luego son asumidas por las autoridades regionales o locales a través de concesiones (por ejemplo construcción de vías).

Tráfico de terrenos. Esta es uno de los temas más álgidos a nivel de los gobiernos locales, pues el hecho de que el Estado posea aún grandes extensiones de terrenos, pero que no cuenten con habilitación urbana, hace que sean jugosas presas de los traficantes de terrenos que son mafias bien organizadas, que aprovechando la necesidad de amplios sectores populares por una vivienda, han organizado un actividad criminal de las más rentables. Estas mafias están bien conectadas con diferentes niveles que incluyen la policía, el Poder Judicial y a las propias autoridades locales.

Proveedores del Estado. Las compras del Estado son un tema harto conocido pues para su funcionamiento los gobiernos regionales y municipios tiene que hacer compras a grandes escalas de maquinarias, de material logístico para el mantenimiento de vías, de los servicios públicos y el funcionamiento normal de tipo administrativo, es decir desde la compra de retroexcavadoras, pasando por la compra de material para la limpieza pública, por la papelería y lapiceros de oficina. En esas compras también se ha generado todo un sistema de prebendas y coimas de la que muchas empresas son cómplices ya conocidas.

Trámites administrativos. Los trámites son la forma más conocida de corrupción a pequeña escala, pues cualquiera de los procedimiento administrativos puede ser siempre acelerado con una “aceitada” o una “comisión” a los funcionarios, para que los permisos de apertura de una bodega, un restaurante, las inspecciones de seguridad, cualquier documento que deba emitirse por la autoridad local pueda salir más rápido o que este se emita con sello aprobatorio.

La política peruana está tocando fondo. La propia legitimidad del régimen democrático se empieza a poner seriamente en cuestión con todos los escándalos del caso Lava Jato que envuelven a buena parte de los políticos peruanos y a un sector del empresariado. Si queremos hablar en serio de una refundación republicana, debemos poner también en el tapete todos los niveles de rediseño estatal que proponemos. No se trata solo de declarar de manera general que queremos luchar contra la corrupción, debemos proponer un diseño institucional y una nueva cultura política. La refundación de la República, una nueva constitución política, un rediseño del Estado peruano son necesarios, pero serán viables si atacamos los vicios de la política desde los ámbitos más cercanos al pueblo, es decir desde lo local, trabajando por una nueva cultura del servidor público y con mecanismos concretos de controlaría social, que no son otra cosa que darle al pueblo herramientas efectivas para la rendición de cuentas y fiscalización.