Las Bambas: volvemos a los ciudadanos de segunda

Por: Luis Gárate

En los últimos días estamos viendo una gran cobertura del conflicto social en la zona aledaña al proyecto minero Las Bambas. Como en años anteriores. Vemos que de ciertos voceros empresariales y algunos medios hay un tratamiento superficial y un intento por deslegitimar las demandas de las comunidades que protestan.

En términos generales, en este conflicto el Estado no ha cumplido con su papel de garante de los derechos de la comunidad de Fuerabamba en una relación con una empresa que ha realizado diversos cambios al proyecto sin consultar o informar adecuadamente a las comunidades afectadas por – en este caso- la construcción de una vía que casi exclusivamente es usada por los camiones pesados que transportan los minerales.

Pero en publicaciones recientes de noticiarios televisivos, prensa escrita y redes sociales hemos visto circular noticias denunciando que los miembros de la comunidad se habrían “enriquecido” con los acuerdos de la mina, y han mostrado documentos de propiedad de automóviles, motocicletas y propiedades de los comuneros y sus dirigentes.

No preguntamos, ¿acaso no es válido que en un multimillonario proyecto minero (y hablamos de miles de millones de dólares), compense adecuadamente a las comunidades que se van a ver afectadas por su proyecto, lo que implica reubicaciones, compra de tierras y otro tipo de compensaciones? ¿El hecho de que los comuneros hayan obtenido beneficios, quiere decir que no pueden reclamar si es que no han sido adecuadamente consultados sobre la construcción de una vía por la que pasan más de 370 camiones pesados a diario con minerales que les afectará con ruidos y polvo?

Como en muchos otros temas, en este caso comprobamos que existe un doble estándar para tratar a los ciudadanos. Por un lado las élites de la ciudad están acostumbrados a entablar juicios si es que un privado afecta tu propiedad, por si una municipalidad no cumple con sus compromisos de obras, o por obras mal hechas. Sin embargo una comunidad campesina que ha recibido algún tipo de compensación minera solo serían unos “vivos”, “aprovechados” o incluso hasta “extorsionadores” si quieren negociar mejores términos sobre afectaciones que no habían estado previstas.

Si bien sabemos perfectamente que las tomas de carretera y los actos de violencia están penalizados por la ley, la pregunta es ¿por qué la comunidad de Fuerabamba ha tomado a acciones de fuerza como el bloqueo del ingreso a la mina? Es conocido en el Perú que cuando todas las vias del diálogo no funcionan y los pueblos y comunidades no se sienten escuchados es que llegan a las medidas de fuerza colectiva. No las justifica, pero se explican en un contexto donde muchas veces las élites que dirigen el Estado son incapaces de atender o resolver demandas a tiempo (recordemos si no tantos problemas previos como 2 conflictos en Las bambas años anteriores, Conga, Espinar, Bagua, entre tantos otros).

Hemos escuchado al empresario minero Roque Benavides pasearse por casi todos los medios toda una semana diciéndole al gobierno que es lo que debe hacer.  Exigió un gabinete de gestores que destraben los proyectos de inversión privada, como los mineros. Y claro está, que pongan mano dura donde hay conflictividad y problemas.

No se trata de un dilema entre buenos y malos. No se trata solo de “una comunidad contra todo el Perú”, o de una postura paternalista hacia los comuneros. Hay un cierto discurso nos hace recordar la infeliz frase de Alan García sobre los indígenas amazónicos, cuando dijo que “no eran ciudadanos de primera clase”. Si queremos ser una República democrática se supone que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y por lo tanto el estado debe hacer respetar sus normas, empezando por cumplir sus propias normas y buscar un real papel de garante de derechos en un conflicto entra partes que son claramente desiguales.