Por: Luis Gárate

En los últimos dos meses hemos visto como el pueblo chileno se está movilizando en las calles de su país contra un modelo económico y de sociedad que solo ha traído concentración de la riqueza y una creciente precarización de la calidad de vida de las clases medias y trabajadoras.

A la par de estas masivas protestas hemos visto, a través de los medios de comunicación, el brutal nivel de represión a los manifestantes que se ha ejercido tanto por la fuerza pública, los Carabineros de Chile, así como de parte de los miembros de las Fuerzas Armadas de ese país que han participado del resguardo las calles en una etapa de las protestas.

Asimismo, se han denunciado terribles y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos durante las protestas. Esas denuncias hablan de violaciones y tocamientos indebidos a mujeres, torturas físicas y sicológicas, así como toda una gama de agresiones físicas y sicológicas.

Números en Chile

Alrededor de 400 incidentes de tortura y tratos crueles fueron documentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Otros 194 involucran violencia sexual, incluyendo cuatro violaciones. Más de 800 están relacionados con el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía. El instituto ha calificado al menos seis asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad como homicidios. Según una Comisión de la ONU se estiman en más de 350 las lesiones que han hecho que las víctimas pierdan uno ojo y parcialmente la vista.

Recientemente también se ha denunciado que el agua que usan los camiones rompe manifestaciones que son conocidos en Chile como “guanacos”, tendrían mezclados componentes de gas pimienta y soda cáustica, lo que estaría causando serias afectaciones a los manifestantes.

No es una novedad que las fuerzas de seguridad actúen con violencia desmedida y hasta crueldad cuando se trata de reprimir actos de protesta o acción colectiva. La historia mundial está plagada de estos hechos, pero sin duda con el avance de las normas internacionales de protección de los Derechos Humanos, ha crecido la conciencia de garantizar la proporcionalidad y racionalidad a la hora de la represión.

Sin embargo, también vemos como en pleno siglo XXI se han perfeccionado las herramientas y metodologías para la acción represiva.  Claramente no tiene solo un fin disuasivo, si no de ejercer violencia física y psicológica sobre las personas que se manifiestan. En el caso chileno, todo indica que se trata de una violencia sistemática y planificada que busca amedrentar y quebrar un movimiento que ha tenido repercusiones y una escalada no previstas por las clases dominantes de ese país. Por cierto, algunas denuncias en nuestro vecino país señalan que las fuerzas de seguridad chilenas estarían siendo asesoradas por las fuerzas israelíes, que son conocidas por el uso de métodos cruentos contra la población palestina.

La represión en otros países

La derecha chilena y de otras latitudes han salido a deslegitimar las protestas criticando la violencia desmedida de algunos grupos de choque, que llegaron a quemar algunas estaciones del Metro, que saquearon supermercados y otras tiendas comerciales. Con eso pretendieron enlodar la verdadera razón de las protestas, que como bien se ha visto en los medios comerciales y alternativos, ha sido sobre todo pacíficas en las calles chilenas. Cabe anotar que en las redes sociales se pudo comprobar mediante videos grabados por celular, que en varios casos de incendios a locales y saqueos, habrían participado directamente agentes de Carabineros vestidos de civiles o apoyados por efectivos uniformados.

En los últimos meses hemos visto también las masivas protestas populares que han ocurrido en Ecuador y en Colombia en contra de sus gobiernos neoliberales. En Bolivia las protestas populares se dispararon a raíz del golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. En todos los casos hemos visto el accionar de las fuerzas represivas, que también han traído una violencia desmesurada y la pérdida de vidas humanas.

Nos debe quedar claro que la región atraviesa tiempos de convulsión. En nuestro país buena parte de la indignación ciudadana frente al obstruccionismo y la corrupción generalizada del Congreso de mayoría fujiaprista, fue canalizada hábilmente por el presiente Martín Vizcarra con un referéndum sobre reformas políticas y luego con el cierre del Congreso. Sin embargo, la protesta social permanece latente en las regiones y podrían darse una combinación de factores, como la precariedad de la vida de las mayorías, la inseguridad ciudadana así como el caos del transporte, que despierten una masiva movilización social.

Hay que estar alertas, pues las fuerzas armadas y policía peruana no son ajenas a estas doctrinas de seguridad, que ven al pueblo movilizado como una amenaza y casi como un enemigo de guerra. Sabemos muy bien que al cumplir órdenes están dispuestos a disparar a los manifestantes y actuar con violencia bruta. Por eso es que hay que estar alertas ante la escalada represiva de las clases dominantes, que saben que el modelo neoliberal hace aguas y no podrá sostenerse si no es a punta del uso de la fuerza contra los pueblos.