Por: Luis Gárate

Mientras observamos las protestas masivas en Chile que cuestionan los efectos del modelo neoliberal, se ha abierto en ese país un interesante debate sobre la necesidad de cambiar la constitución política y que también podría replicarse en el Perú.

El tema se ha puesto en la mesa en nuestro vecino país del sur debido a que, como parte del estallido social que ya dura más de un mes, el gobierno de Sebastián Piñera ha tenido que reconocer que la salida política al problema pasa por debatir el contenido de la carta constitucional chilena, herencia de la sangrienta dictadura del General Augusto Pinochet.

Piñera, que lidera un sector de la derecha y algunos de los partidos que están en el parlamento, han acordado un plebiscito para el próximo año para consultarle al pueblo chileno sobre una convención constituyente. Sin embargo, sectores de la oposición como el Partido Comunista, los progresistas, humanistas y otros, han cuestionado duramente esa salida pues la forma institucional para debatir el contenido de la constitución debería ser decidida por el pueblo, para ver si se da mediante una asamblea, un congreso o una convención constituyente. Denuncian que habría una “cocina” por arriba para generar candados y no afectar finalmente los intereses de las élites políticas y económicas del país.

Constitución pinochetista

La Constitución chilena fue aprobada el 11 de septiembre de 1980 en un polémico plebiscito durante la dictadura pinochetista. El texto fundamental se redactó a la medida de las clases dominantes y los sectores más conservadores de la sociedad para que permanecieran en el poder, incluso después del fin de la dictadura. Incluía altos quorum para cualquier cambio sustancial.

La constitución tenía que redactarse de tal forma que “si llegan a gobernar nuestros adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”, explicó en su momento Jaime Guzmán, redactor de la constitución y fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de la derecha conservadora.

En esencia esa constitución ha sido el marco legal para la implantación del modelo económico y social del neoliberalismo, basado en la reducción del papel del Estado y un agresivo proceso de privatización de amplios sectores de la economía chilena, que incluyen además a servicios como los penales y el agua potable.

Sea cual sea la salida que escoja legal el pueblo chileno, el tema se ha puesto sobre la mesa: La constitución es la herramienta legal con la cual se puede desmontar el modelo neoliberal excluyente. El pueblo está harto, como se ha visto claramente en las calles estos días, de un costo de vida creciente y una elitización de la sociedad que ha precarizado a niveles alarmantes las condiciones de vida de las clases medias y trabajadoras.

El caso peruano

Mientras tanto, a pesar que los medios y voceros de la derecha peruana empiezan a reconocer las causas del malestar social chileno, siguen con una narrativa de defensa del modelo diciendo que es un problema de “unos gobiernos de turno”, más no del “exitoso modelo económico”.

Sin embargo, la derecha criolla lo hace más por miedo que por convencimiento, Saben que si bien nuestra economía es mucho más informal y tiene en un nivel de sobrevivencia a cientos de miles de peruanos, también está generando niveles de exclusión y de concentración de la riqueza que podrían hacer estallar todo, como ha ocurrido en el caso chileno.

Los neoliberales peruanos, igual que sus pares latinoamericanos, no tienen reparo en acusar a una fantasmal conspiración “castro-chavista” detrás de las asonadas populares que atraviesan Chile y otros países de la región. No quieren reconocer públicamente que el modelo, si bien genera competencia y diversidad de opciones de consumo, genera por sobre todo altos niveles de precarización del trabajo, concentración de la riqueza en pocas manos y una creciente elitización en derechos básicos como la salud y la educación.

Por eso es que todos los opinantes, pasando por los líderes de opinión en medios, la derecha política, la Confiep y sus afines repiten hasta el cansancio que hay que mejorar, reformar, crecer, cualquier cosa menos poner en discusión la “sacrosanta” Constitución política de 1993, que recordemos surgió producto del autogolpe del corrupto gobierno de Alberto Fujimori. Esa constitución tuvo como propósito -similar al caso chileno- el consagrar en la ley el agresivo proceso de privatizaciones y de reducir el papel del Estado en la economía, claro está, en nombre del libre mercado, pero para enriquecer a unas cuantas corporaciones.

Ahora que vemos el tsunami de denuncias producto del caso Lava jato y de los Cuellos blancos del puerto, se puede apreciar con más claridad la manera en que la corrupta constitución del 93 ha dado un manto legal para la corrupción entronizada en todos los niveles del Estado peruano. Un sistema de concesiones y alianza público-privadas, que en esencia lo que hace es consagrar contratos viciosos, que en nombre de la eficiencia de los privados, hace que las empresas se lleven en peso el dinero público, es decir de todos los peruanos.

Es por eso que hoy, más que nunca, es necesario denunciar los aspectos más lesivos de la constitución fujimorista del 93, para demostrar que sí es posible una nueva constitución. Esta carta debe ser pensada como un pacto social, donde los peruanos, sobre todo las grandes mayorías de las clases medias y populares, podamos definir con claridad los lineamientos de un país que defiende su soberanía nacional y sus intereses nacionales y colectivos, por encima de las angurrias de algunas empresas corruptas.