Keiko y su esposo la hacen larga y se burlan de la Fiscalía

ERNESTO TOLEDO BRÜKMANN

Es cada vez más cierto que las ambiciones políticas de Keiko Fujimori van quedando de lado para priorizar algo más inmediato.   Pareciera que antes que llegar al 2021 como gobernante prefiere llegar al 2021 fuera de la cárcel. Para eso, Keiko sabe que es libre de actuar al no tener la coacción que debiera tener del Ministerio Público. Mientras Pedro Chávarry siga en la Fiscalía de la Nación Keiko estará absolutamente convencida que no habrá nada que ponga en juego su situación legal.

La prueba de esto se dio el último jueves, cuando debiendo acudir a la Fiscalía de Lavado de Activos, la hija del dictador y su esposo Mark Vito Villanella decidieron alargar la investigación que los involucra por aportes irregulares en su campaña presidencial del 2011 al reprogramar la diligencia.

Como si fuera poco, lograron que la Sala dirigida por el fiscal José Domingo Pérez acepte la reprogramación del día viernes, en la que debían declarar sobre el caso Cócteles y cuyas indagaciones dan cuenta de la presencia de aportantes fantasmas.

No cabe duda que Keiko quiere darle tiempo al fiscal Chávarry para que actúe.  Muchos podrán decir que el fiscal José Pérez ha dado muestras de ser independiente; pero poco o nada se puede hacer mientras el titularato del Ministerio Público recaiga en el fujimorismo. Keiko busca ganar tiempo y darle chance a Chávarry para que haga lo necesario para dejarla libre de toda acusación.

Las reales intensiones del fujimorismo están expresadas en Jaime Yoshiyama Tanaka, y es que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria rechazó en primera instancia su intento por acumular en un solo expediente la investigación sobre la recolección de fondos mediante los cócteles, así como el caso de las anotaciones de Marcelo Odebrecht sobre presuntos aportes de dinero a Keiko.

Para pesar del fujimorismo, la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial del Caso Lava Jato declaró el pedido improcedente ya que los dos casos recién se encuentran en su fase inicial.

“Al encontrarse la fiscalía en plena etapa de recojo de evidencias, no tiene sentido pedir la acumulación de dos casos. Un juez recién está en condiciones de resolver una acumulación –según el Código Procesal Penal– después que se formaliza la investigación y entonces el juez asume la competencia. Antes, no es posible”, dijeron fuentes de la Fiscalía.

La mafia fujimorista en la creación de portantes fantasmas tiene en Segundo Crisanto Pulache a quien le dará más de un dolor de cabeza. Se trata de uno de los testigos de la Fiscalía que negó haber aportado 13 mil 845 soles a la campaña fujimorista del 2011. Todos los indicios apuntan a la denuncia contra el congresista Rolando Reátegui, quien le pidió firmar en una hoja en blanco para consignarlo como aportante a Fuerza 2011. Las represalias contra Segundo Crisanto por parte del fujimorismo demuestra lo lumpenezco del accionar naranja.

Pero Keiko Fujimori y sus compinches rechazan toda acusación asegurando que las cuentas de los aportes a dicha campaña fueron bancarizadas y reportados ante la ONPE.

Al menos cinco personas más aparecen con aportes idénticos Y sin que existiera sustento económico que respalde la contribución. El ex empleado de seguridad del Banco de la Nación Jorge Becerra es actualmente mototaxista y percibe 25 soles diarios. “Nunca he aportado, no he dado ni me han dado, nunca he dado (…) Creo que tomaron mis datos cuando vivía en la casa de los Rimarachin porque su hija era mi esposa, esa fue la explicación”, sostiene. También están implicados Nolberto Rimarachín, su hermano Guzmán Rimarachin, la esposa de este, Gregoria Vela y el hijo de ambos, Yoni Guzmán.  Asimismo, Italo Pachas Quiñones y Mayra Castañón Dávila, quien figura con un aporte 41 mil soles conseguidos supuestamente en polladas en La Victoria.

Si el ser fujimorismo podría ser visto como una aberración, hay quienes le sacan provecho. Resulta que seis aportantes a las campañas fujimoristas son ahora “personal estable” del Congreso de la República pese a no cumplir con los requisitos para obtener tal beneficio.  Entre estos se encuentra Juan Rengifo Bahamonde, quien cobra mensualmente 14 mil 500 soles tras aportar 8 mil soles a las campañas de Keiko Fujimori del 2011 y 2016. Para su contratación por plazo indefinido, la Mesa Directiva del Congreso dejó sin efecto la norma que regula las contrataciones y los nombramientos del Congreso.

Otro aportante es Wilfredo Ponce de León, quien labora en la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso tras donar más de 16 mil soles a Fuerza Popular entre las campañas del 2011 y el 2016. El portal Convoca.pe dio cuenta que Ponce de León se presentó como abogado de Fuerza Popular cuando el Ministerio Público allanó los locales de ese partido como parte de una investigación por el presunto delito de lavado de activos.

Otro beneficiado es Moisés Pulido Casimiro, nombrado Especialista Administrativo y con un sueldo de 14 mil 237 tras ser personero legal del fujimorismo. El clientelismo fujimorista tiene en el Congreso uno de sus bastiones.