Por: Luis Gárate

En estos días estamos asistiendo a las audiencias donde se ventila la posibilidad de que el ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio cumpla una prisión preventiva por una serie de acusaciones sobre casos de corrupción en los que estaría involucrado junto a un grupo de ex altos funcionarios de su entorno.

Sin duda la caída política de Castañeda resulta aleccionadora, porque ha sido uno de los principales exponentes de la conocida frase del “roba pero hace obras”. Sabemos que Castañeda se caracterizó por hablar poco por lo que era conocido como “el mudo” mientras se ufanaba de ser un gerente eficiente y ejecutor de obras emblemáticas.

Cabe recordar que la primera gestión de Castañeda (2002-2006) tuvo algunas obras notables, como la repotenciación de los parques zonales, el sistema de hospitales de la Solidaridad, la construcción intensiva de escaleras y lozas deportivas en barrios populares de la ciudad, la construcción de áreas de recreación como el Circuito mágico de las aguas (Parque de la reserva), entre otras obras emblemáticas.

Si bien fue reconocido y reelegido para un segundo mandato por esos logros, de la misma manera empezaron a salir las denuncias respecto a malos manejos y falta de transparencia en su estilo de gestión. Casos como los de Comunicore, donde se habría hecho mal uso de dinero público para beneficiar a una empresa de limpieza pública, así como las denuncias por serias irregularidades en los contratos del servicio del Metropolitano, los tratos bajo la mesa en las concesiones como Línea amarilla con la empresa brasileña OAS, empezaron a manchar la imagen de eficiencia que presentaba el ex alcalde.

En esa misma línea, su estrecho vínculo con el empresario de la educación José Luna Gálvez, quien llegó a ser Secretario General de Solidaridad Nacional y principal financista de las campañas, despertó las sospechas que hoy cobran notoriedad, por la manera en que ha operado Luna, que ahora cuenta con un partido propio, Podemos Perú. Asimismo Castañeda promovió bajo su sombra a varias alcaldes distritales vinculados a la corrupción y el crimen organizado, como Carlos Burgos de San Juan de Lurigancho, Elías Cuba de la Victoria, y otros alcaldes vinculados a mafias de terrenos y la extorsión.

Lo que parecía el modelo invencible del cemento por sobre todas las cosas, empezó a resquebrajarse. A pesar de ello, Castañeda pudo llegar a una tercera gestión municipal (2015-2018) debido al desprestigio con el que terminó la gestión municipal de Susana Villarán. Sin embargo su tercera gestión estuvo marcada por una falta de iniciativa, y más bien por obras como el cuestionado bypass de 28 de julio que fue negociado bajo la mesa con la empresa brasileña OAS.

La gestión de Villarán (2011-2014), cabe anotar, inició importantes reformas para la ciudad, procesos de planificación urbana y de participación ciudadana, pero terminó desgastada y desconectada del imaginario popular por desaciertos en la conducción política que se burocratizó y encerró en estrechos círculos.  Ahora la ex alcaldesa Villarán se encuentra cumpliendo una prisión preventiva por haber recibido financiamientos de la empresa Odebrecht para la campaña contra la  revocatoria, lo que ha reforzado la idea generalizada en amplios sectores ciudadanos de que “todos son iguales” y no hay diferencias entre la izquierda y la derecha a la hora de ser gobierno.

Cabe la pregunta de rigor, de cómo se puede hacer una gestión progresista y transformadora en el marco de un Estado capturado por los intereses privados y la corrupción. Lamentablemente no podemos encontrar ejemplos recientes y cercanos que nos sirvan de modelo en el país.

Hemos visto como gestiones a nivel de regiones desde la izquierda han pasado sin pena ni gloria, sin haber dejado marcas de diferencia importantes con gestiones tradicionales de la derecha. Eso han sido los casos de la región Pasco con Félix Rivera o de Cajamarca con Gregorio Santos. Podríamos remontarnos a algunas gestiones municipales de la izquierda en municipios como los de Anta y Limatabambo en Cusco, que promovieron procesos de transparencia y presupuestos participativos, así como otras experiencias anteriores de la Izquierda Unida en casos emblemáticos como Ilo, Villa el Salvador, entre otros.

Si pretendemos seguir haciendo política en el espacio regional y municipal tenemos que tener claro un modelo de gestión alternativo. Nos debemos preguntar si seremos capaces de sortear el modelo casi instaurado, en la que las autoridades llegan a los gobiernos regionales y locales coludidas con empresas para beneficiarlas a través de obras de infraestructura. Asimismo se trata de gestiones que solo se dedican a administrar los problemas, realizar obras y no promover innovación en las políticas públicas.

Podemos ver un modelo cercano a una gestión alternativa en nuestro vecino país del sur, Chile.  Se trata de la gestión de Daniel Jadue, alcalde del municipio de Recoleta por el Partido Comunista de Chile. Esta autoridad ha marcado importantes diferencias con las gestiones derechistas promoviendo. entre otras cosas, una universidad popular, farmacias populares y entre otras medidas innovadoras, está promoviendo formas de energía renovable y sostenibles a muy bajo costo para la población.

La experiencia de Recoleta, así como otras en la región nos demuestran que si es posible, salvando las particularidades de cada realidad, implementar políticas públicas innovadoras que marquen la diferencia con los estilos de gestión de la derecha y los grupos de poder. En nuestro país podríamos proponernos implementar un modelo de gestión piloto en los niveles de municipios provinciales o locales a los que podemos llegar, para mostrar a la población que si es posible gobernar con honestidad, eficiencia e innovación.