Por: José Boza Pulido

Reza así el artículo 58 de la Constitución fujimorista: “La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”. El liberalismo a ultranza obtuvo de esta manera carta de ciudadanía constitucional en la sociedad peruana, privilegiándose la iniciativa privada, vale decir, el libre mercado, bajo el membrete de economía social de mercado. El constitucionalismo peruano inconsecuente arrió sus banderas hincándose a los pies del catecismo neoliberal.

Para el caso peruano, sus mentores nos han enseñado que economía social de mercado es el equivalente a “salvo el mercado, todo es ilusión”. En los lustros siguientes el sistema jurídico nacional se construyó sobre estas bases.

De esta forma y mediante el artículo constitucional de marras se consagró el mercado sin regulación como el soporte fundamental del desarrollo del país. Se sometió al Estado y la sociedad peruanos al engranaje de la iniciativa privada, que no es otra cosa que el sometimiento al gran capital, a las corporaciones transnacionales. A partir de este mandato constitucional, el desarrollo del país no podía ser entendido sino bajo el régimen de la iniciativa privada. Entonces, vinieron las privatizaciones, la desregulación laboral, la pérdida de derechos económicos y sociales, el abandono de los servicios públicos hasta degradarlos a la condición de mercancías.

El principio rector era más mercado, menos Estado. El mercado lo es todo, el Estado un complemento. Todos recitaban la epopeya del mercado. Intelectuales, periodistas, académicos, charlatanes, fueron sometidos a su encanto.

Las novedades no se dejaron esperar. Aparecieron las AFP; brotaron como hongos después de la lluvia las universidades en cocheras, al igual que los colegios; los centros comerciales invadieron el país; las grandes empresas estatales se remataban al martilleo; todo era proinversión, bienvenida y halagos a los capitales, como nunca la macroeconomía estaba en azul. La microeconomía no tenía que ser mencionada, era la apestada. Sólo los malvados herejes hablaban de pobreza, desempleo, desnutrición, patriotismo, democracia, Estado nacional, soberanía, descentralización.

Se ensancharon las bases para la corrupción. La delincuencia encontró un terreno fértil donde actuar. Hoy nos complican la vida. Todo gracias a la milagrosa iniciativa privada.

Con este marco constitucional se dieron las condiciones para una desbocada implementación de políticas neoliberales como patrón de vida nacional. Currículas universitarias y escolares tienen este sello, nuevos y exclusivos sistemas de salud y seguridad social alejados del pueblo, mecanismos de seguridad que cuestan un ojo de la cara, programas de vivienda a los que únicamente puede acceder un porcentaje reducido de la población, un sinfín de cosas con la marca del mercado desregulado, la legislación nacional sirve a este propósito.

A su vez, también, la nueva constitucionalidad permitió que se implante la condición de subsidiaridad del Estado. Adiós a la planificación; adiós a las políticas de Estado; adiós a los proyectos de desarrollo; adiós a los acuerdos nacionales. El régimen de la iniciativa privada determinaba la conducta y comportamiento del Estado.

Tuvo que llegar a tierras peruanas el Covid-19 para poner al descubierto los efectos del nefasto artículo constitucional (son más, pero por ahora nos interesa éste), que la derecha cavernaria quiere mantener a sangre y fuego. Los trabajadores sin derechos laborales; las pensiones privatizadas para negocios empresariales, el agro destruido, dependencia alimentaria, la economía primarizada basada en la extracción de materias primas, dependientes del mercado externo, reservas hidrográficas contaminadas por la minería depredadora. A casi tres décadas de vigencia de la Constitución fujimorista, los servicios de salud y educación, para no seguir nombrando otros, están demostrando un abandono espantoso. Félix Jiménez nos ayuda a retratar a estos dos sectores en momentos de la emergencia sanitaria: Los gastos en educación pública están estancados en el 3.8% del PBI; en salud se invierte el mísero 2.37% del PBI, con déficit de hospitales, y los que se mantienen en pie generalmente son insalubres y no cuentan con equipamiento, el déficit actual de infraestructura en salud bordea el 5% del PBI. Ahondando, entre 7 y 8 millones de personas no tienen acceso a agua potable, con un déficit en agua y saneamiento equivalente al 3.64% del PBI. La pandemia del Covid-19 puso al descubierto los efectos de estas políticas fondomonetaristas y confiepistas sacralizadas por la juridicidad constitucional fujimorista.

Este, el 58 (dije que hay más), es uno de los artículos constitucionales que luego que superemos la pandemia no debe mantenerse más. Los más de 60 muertos por la pandemia gritarán por su derogatoria. Si la solidaridad y el esfuerzo mutuo de los peruanos están siendo la base para superarla, entonces ha de ser reemplazada por otro artículo constitucional que refleje ese esfuerzo colectivo; es decir, la pandemia debe zanjar con el engendro jurídico del fujimorismo, dando paso a una nueva Constitución, culminando con el ciclo del Estado subsidiario y dar paso al Estado dirigente, conductor del desarrollo nacional, planificador. También a un mercado regulado, abierto al mundo y las inversiones, dentro de los marcos de un proyecto de país. Una economía solidaria, planificada, en un mundo globalizado. Se siente la necesidad de una nueva Carta Política para todos los peruanos.